El Estado español desprotege a las mujeres ante las violencias digitales.

 

La jurista feminista Laia Serra y la revista Pikara Magazine, con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, exigen al Gobierno un cambio en las políticas públicas para abordar la ciberviolencia como una cuestión de género
Varias colaboradoras de Pikara Magazine sufren de manera constante acoso en redes sociales lo que coarta su participación en este espacio de debate público.
La jurista feminista Laia Serra, la revista Pikara Magazine, junto con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, han registrado esta mañana en el Congreso un informe sobre las violencias de género en línea en el que se incluyen una serie de recomendaciones al Gobierno. El Ejecutivo, de acuerdo con diferentes convenios internacionales que ha ratificado, debe cambiar la formulación de sus políticas públicas, así como crear nuevas legislaciones, y adoptar medidas dirigidas para las plataformas intermediarias de internet, como son las empresas propietarias de las redes sociales más utilizadas.

“El Estado tiene la obligación legal de prevenir y sancionar, de garantizar la reparación y dar garantías de no repetición. Para ello tiene que cambiar el enfoque que está dando a este tema”, ha apuntado Laia Serra en la rueda de prensa de presentación del informe. “El Estado está incumpliendo sus obligaciones internacionales”, ha añadido.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género recoge que la violencia de género en línea es un problema creciente de proporciones mundiales y de consecuencias muy significativas. Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, resulta esencial garantizar que internet, entendido como un nuevo espacio público que tiene una influencia que crece exponencialmente, constituya un lugar seguro, libre de violencias y capacitador para todas las mujeres y las niñas.

En julio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la que exhorta a los Estados a que adopten medidas inmediatas y eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, también en los contextos digitales, y exige que se combata la impunidad habitual de los espacios virtuales.

“La violencia en redes sociales es muy grave y no se está abordando con un enfoque de género, lo que tiene consecuencias en términos democráticos porque afecta a la presencia de las mujeres en las redes sociales e internet, que son hoy espacios de debate público”, ha subrayado Serra, quien apunta al principio de diligencia debida del Estado.

La visibilidad de las comunicadoras

Desde hace varios años, y cada vez de una manera más significativa, las comunicadoras feministas vinculadas a Pikara Magazine reciben ataques misóginos, y también racistas y lesbófobos en redes sociales. “Como medio nos parece importante involucrarnos en esta lucha. No sólo porque la hemos sufrido nosotras mismas, sino por nuestra responsabilidad de practicar los cuidados como editoras de un medio feminista”, apunta Andrea Momoitio, coordinadora de Pikara Magazine.

Por ello, ante la necesidad de ofrecer respuestas coordinadas y que vayan a la raíz del problema, tanto la revista como la jurista Laia Serra exigen respuestas gubernamentales. Y es que el ciberacoso impide u obstaculiza gravemente la participación pública de las mujeres activistas y defensoras de de derechos humanos, campo en el que trabajan de manera directa tanto el Fondo de Mujeres Calala como Front Line Defenders, quienes no han dudado en sumarse a esta denuncia pública.

“Determinadas mujeres comunicadoras, que representan las reivindicaciones feministas y cuestionan las hegemonías, son las que están sufriendo mayores ataques”, denuncia Serra. Irantzu Varela es una de estas comunicadoras: “Ahora es una violencia digital, pero se puede volver analógica en cualquier momento y entonces va a ser demasiado tarde”, ha advertido la periodista en la rueda de prensa. También ha expuesto algunos de los ataques que recibe diariamente por su activismo feminista y antirracista en redes sociales. “Las violencias digitales que sufren las activistas feministas están atravesadas por las mismas opresiones que estructuran la sociedad: racismo, antigitanismo, islamofobia, transfobia…”, asegura Irantzu Varela.
Las campañas de acoso hacia nuestro medio y hacia nuestras colaboradoras han sido una constante desde prácticamente el nacimiento de Pikara Magazine.

En 2012, la actriz, cantante y activista feminista Alicia Murillo, que en ese momento tenía un videoblog en Pikara, denunció la avalancha de comentarios insultantes y amenazante que estaba recibiendo a través de Youtube. Se trataba de una campaña de acoso azuzada desde la web ForoCoches, donde un usuario llegó incluso a publicar el teléfono móvil de Alicia, con lo que recibió varias llamadas amenazantes. Un elemento en este caso que muestra las consecuencias de la política de actuación de las empresas intermediarias de Internet, es que Youtube accedió a retirar vídeos de Alicia Murillo en los que mostraba escenas de acoso machista callejero, mientras que mantenía los insultos y amenazas en los comentarios a sus otros vídeos.
En la actualidad, Alicia Murillo sigue recibiendo agresiones sostenidas por redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. Recientemente interpuso una denuncia ante la policía por un email que contenía amenazas de muerte directas: “Te rastrearé y te mataré. Por cierto, tu ideología es un vómito. Quizás me tome un tiempo, pero te ejecutaré tarde o temprano. Saludos”.
En 2016, Brigitte Vasallo publicó un artículo titulado ‘Vienen a violar a nuestras mujeres’, en el que denunciaba cómo las noticias sobre una serie de violaciones atribuidas a refugiados se estaban utilizando para azuzar la xenofobia. El aluvión de comentarios islamófobos y de insultos lesbófobos en Twitter, así como amenazas de violación, la llevaron a abandonar las redes sociales durante un tiempo.
El pasado junio, publicamos una entrevista de Lucía Mbomío a Iman El Azrak, una joven española de origen marroquí que se fotografía con y sin velo para reflexionar sobre la identidad y los estereotipos que pesan sobre las mujeres musulmanas. Durante una semana, tanto Iman El Azrak como Pikara Magazine y Mbomío como periodista recibieron una avalancha de tuits sexistas e islamófobos que incluían acusaciones de estar promoviendo el terrorismo islámico. Uno de los tuits que atentaron contra la imagen de El Azrak fue un meme en el que comparaban su foto con velo con la imagen de una soldado de Estado Islámico.
En la actualidad, nuestra colaboradora Silvia Agüero Fernández, activista feminista y gitana, está recibiendo habitualmente comentarios racistas y antigitanos en redes sociales por sus artículos sobre la discriminación histórica hacia el pueblo gitano. El pasado agosto, un artículo que publicó en eldiario.es señalando el racismo en el monólogo del humorista Rober Bodegas desencadenó una avalancha de comentarios que incluían discurso del odio antigitano y amenazas directas contra ella: “Voy a quedar con un grupito de payos y vamos a buscarte para darte una paliza”. Unos días después tenía programada una charla en Zaragoza. Temiendo que esas amenazas virtuales se tornasen en agresiones directas, acudió a la policía para contar su situación y no la tomaron en serio.
Pikara Magazine, como medio de comunicación feminista, ha sido también objeto de ataques colectivos organizados desde foros como Laburbuja.info, desde publicación masiva de comentarios ofensivos o spam e intentos de tumbar la web. Debido a esta actividad, finalmente decidimos cerrar la opción de comentar los artículos.

Recomendaciones para la formulación de políticas públicas y medidas legislativas
Por todo lo expuesto en el informe registrado en el Congreso y según las aportaciones de distintos colectivos referentes en todo el mundo en el abordaje de las violencias de género en línea, las políticas públicas deberían partir del siguiente enfoque:

Formulación de políticas públicas
Considerar la diversidad de las mujeres (edad, cultura, orientación sexual, etc.), así como su multidimensión.
Concebir la violencia de género en línea como un continuum del resto de violencias contra las mujeres y no de forma separada.
Elaborar una definición integral de violencia de género en línea.
Considerar la especificidad que las TIC imprimen a esas violencias, como la replicabilidad, la facilidad de búsqueda y la imposibilidad de eliminar los contenidos.
Fomentar la apropiación de herramientas de seguridad integral de las mujeres que protejan la privacidad y potencien la libertad de expresión.
Cuestionar un enfoque eminentemente punitivista, en clave penal, y considerar otras respuestas, como los procesos administrativos.
Las medidas legislativas sean de reforma o de nueva promulgación, por sí mismas, no son suficientes. Las soluciones deben ser en clave positiva e incluir medidas legales y no legales.

No debe suprimirse o restringirse el anonimato o el cifrado.
Mejorar el sistema de registro de las violencias de género en línea, que permita profundizar sobre este fenómeno.
Concebir el acceso a Internet por parte de las mujeres, no sólo como usuarias sino también como creadoras de tecnología.
Elaborar campañas públicas que promuevan el repudio hacia la violencia de género en línea, dirigidas especialmente a la población masculina, mayormente responsable.
Apoyo a la consolidación de redes feministas online y de estrategias de seguridad digital para las mujeres y otros grupos vulnerabilizados.
2. Formulación de medidas legislativas
La eficiencia de la respuesta legislativa no pasa sólo por contar con legislación específica sobre violencias de género en línea, sino por garantizar en general el acceso de las víctimas/supervivientes a la justicia, a la vez que priorizan la reparación y la restauración por encima de la criminalización.
Atendidas las particularidades de las violencias de género en línea, hay que asegurar una capacidad de reacción inmediata, con investigaciones urgentes, así como el otorgamiento de órdenes de protección y la confección de protocolos de retirada de contenidos de emergencia, adaptados al debido proceso.
Asegurar que los marcos legales, existentes o de nueva promulgación, protejan adecuadamente la libertad de expresión de las mujeres y su privacidad. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser necesaria, concisa y proporcionada.
La legislación debe tener en consideración la autonomía física, la autodeterminación, la libertad de expresión y los derechos a participar en el debate público de las mujeres y las niñas.
La promulgación o reforma de legislación sobre Internet debe involucrar amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil sobre derechos de las mujeres.
La capacitación de los cuerpos policiales, el poder judicial y otros operadores jurídicos, en perspectiva de género, para que dimensionen la gravedad de las violencias de género en línea, reaccionen con rapidez y comprendan las nuevas tecnologías.
Explorar si las leyes actuales permiten interpretaciones que amplíen las garantías de las mujeres que sufren violencias de género en línea.
Evaluación de las herramientas legales disponibles, teniendo en cuenta su capacidad para proteger inmediatamente y reparar, su costo y su duración media.
Adaptación de los formularios policiales para que incluyan la violencia psicológica, y una evaluación de riesgo adaptada a las violencias de género en línea.
La preservación de las evidencias tecnológicas de manera rápida, incluyendo los metadatos, y la elaboración de informes periciales de forensia informática, de manera gratuita para las denunciantes.
3. Formulación de medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de internet
Alentar a las plataformas intermediarias de Internet para que garanticen la seguridad de los datos y la privacidad, incorporándola como opción predeterminada.
Las plataformas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluida la prevención de la violencia de género. La regulación gubernamental y la imposición de obligaciones a las plataformas también deben respetar el marco de los derechos humanos, empleando medidas necesarias y proporcionales.
Incentivar el debate público sobre el rol las plataformas y sus políticas internas o condiciones de uso respecto de los contenidos no consentidos.
Asegurar la transparencia de las políticas internas de eliminación de contenidos y facilitar los mecanismos de denuncia. Las usuarias deberían poder conocer y recurrir la decisión de eliminación de contenidos.

 

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