La escena sucedió esta semana frente al Congreso de los Diputados. Graciela, Rafaela, Marta y muchas otras mujeres de edades y procedencias distintas se saludaban con largos besos, abrazos y preguntas de ¿cómo estás, hermosa? Una ofrecía cerezas de un tupper.Otra decía que, tras todo el día sin parar, tenía que comer un bocadillo si no quería acabar desmayada. Se preparaban para el próximo reto: reunir a cuantas más compañeras mejor como forma de presión. Al preguntarle a una por el número de manifestantes que esperaba, respondió con sorna que más de 100.000. “En el fondo es verdad. Porque cada una de nosotras vale por diez”, añadió ya en un tono más serio, adoptando un aire casi de heroína.
Todas ellas —empleadas del hogar y de los cuidados— se habían reunido en el centro de Madrid para gritar que, tras años de discriminación e invisibilidad, reclaman los mismos derechos que el resto de trabajadores. Cosas tan básicas como un subsidio por desempleo, un convenio colectivo y otras herramientas que sirvan como escudo en un sector donde abundan los abusos. Son más de 600.000 personas —de las que el 96% son mujeres; en torno a un tercio no están dadas de alta; y una gran parte, imposible de cuantificar, de origen migrante— que cada día se desloman limpiando casas o atendiendo a ancianos, niños o discapacitados. Y que ahora han dicho basta.
La última batalla de la guerra tiene nombre propio, la enmienda 6777, presentada el pasado mayo por el Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa parlamentaria retrasa cinco años —del 1 de enero de 2019 inicialmente previsto al 1 de enero de 2024— la equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen general de la Seguridad Social. Así, denuncian las afectadas, se posterga cinco años más una situación de extrema debilidad.
Los populares justificaron su enmienda como un intento de “evitar una serie de efectos negativos”, como “la generación de nuevas obligaciones para los empleadores del hogar”. Para la abogada Natalia Slepoy, sin embargo, este documento supone “un agravio comparativo que va a suponer mayores lagunas de cotización en un sector donde las jubilaciones ya son muy bajas, porque el trabajo sin contrato es muy habitual”.
Las empleadas domésticas ya dieron un paso fundamental en 2011, cuando arrancaron al Gobierno un compromiso para introducirlas en el régimen general de la Seguridad Social. Pero entonces se pactó un sistema especial con menores derechos de los habituales. Y para asuntos como las cotizaciones se fijó un periodo transitorio que debía concluir el próximo año, y que ahora se pospone a 2024. Pero además, factores tan importantes como la prestación por desempleo, la inclusión en una ley de riesgos laborales o fórmulas para evitar el despido libre sin protección quedaban fuera del alcance de estas mujeres.
Graciela Gallego llegó a España procedente de Colombia un sábado de hace 13 años y al lunes siguiente ya estaba cuidando de “la abuelita”. Desde entonces, esta mujer de 59 años no ha parado de sacar a pasear, limpiar o acompañar a ancianos en régimen de interna. “En todo este tiempo solo he tenido tres empleadores. Hace poquito enterré a la abuela con la que estuve más de seis años y ahora busco otra familia. Estoy desprotegida”, explica. En su último empleo, Gallego cobraba 950 euros por 24 horas al día de dedicación a una anciana; con un descanso de 36 horas que comenzaba el sábado por la mañana y acababa en la tarde-noche del domingo.
Gallego solo tiene buenas palabras para las familias para las que ha trabajado. Pese a ello, hace ya una década que se dio cuenta de que vivía situaciones injustas, lo que le empujó al activismo. Un día algo en su cabeza hizo clic, y vio que si quería mejorar sus condiciones de vida tenía que organizarse con otras como ella. ¿Cuál fue el desencadenante? “Los días festivos. Nos decían que no teníamos derecho a ellos”, responde.
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